Naturalmente que sería una exageración pretender que los 100 días del Gobierno de Macri alcancen para establecer un criterio definitivo de juzgamiento.
Mucho más si tenemos en cuenta que venimos de una docena de años de prácticas concretas de corrupción, autoritarismo y populismo explícito.
Los argentinos somos ansiosos y por ello impacientes.
Esa condición es hoy explotada por grupos políticos seguidores de la ex Presidenta, que aspiran a vivir del reclamo de las soluciones inmediatas de los problemas que ellos mismos provocaron durante años.
Quizás el primer elemento a tener en cuenta para ubicar una posibilidad cierta de esperanza sea el hecho de que sectores políticos contrapuestos hayan coincidido en sus dichos y en sus hechos en que más allá de sus particularidades hay un orden común que debe ser mantenido por todos.
De ahí que cuestiones que serían normales nos asombren.
Reuniones del Presidente con Gobernadores, Intendentes, dirigentes de la oposición nos parecen un show nunca visto.
Posiblemente en paso más avanzado de la actual gestión sea el hecho concreto de que habrá número suficiente en Diputados y Senadores para sancionar la anulación de las leyes cerrojo y pago soberano, que harán posible el arreglo con nuestros acreedores externos.
Atrás y para siempre habrán quedado las bravuconadas de él y ella, cuando desparramaban soberbia e histeria en foros internacionales diciéndole al Mundo cómo se maneja la Economía de un País.
Este seguimiento de políticas de Estado ha hecho posible que sectores peronistas de distinto tinte se sumen a Cambiemos para dejar atrás una etapa dolorosa e irrepetible.
Sus detractores son cada vez menos y se consumirán solos y lentamente como una vela.
Unos, como Kisillof, quedarán mudos ante la contundencia argumental de Prat Gay.
Otros, como Ottavis, abandonarán la lucha por los principios y se dedicarán a luchar con las voluptuosidades de la Xypolitakys.
Es claro que todo transcurrirá en medio de dificultades que no serán dóciles de sobrellevar.
La inflación es, en esta lista, la primera y más dura de las pruebas.
El desborde de precios de artículos y servicios es una amenaza a la paz social y un legítimo motivo de queja.
En medio de este panorama, el Gobierno debe procurar no caer en vicios iguales y ni si quiera parecidos a los que vivimos.
Tal es el caso del uso del helicóptero presidencial por parte de un Ministro para llegar hasta su casa.
No es un despilfarro económico.
Pero es un despilfarro de la buena fe que mucha gente depositó en el nuevo orden.
Peor aún la conducta de la Jefa de la Oficina Anticorrupción, la ex diputada Laura Alonso, que luego de vociferar contra el mantenimiento en secreto de los contratos de YPF con la empresa norteamericana Chevron dice ahora que deben seguir siendo secretos.
Una condición del cambio es que no queremos más que el secretismo se meta en los despachos del Poder.
Estas actitudes son manchas evitables, sobre las que el Presidente debe actuar con firmeza para que la esperanza no se diluya
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