Editorial: El juicio por urnas y un fallo que no nos conforma

Hace dos semanas nada mas en esta misma columna referíamos que el domingo 22 se llevaría a cabo en el país un extraordinario juicio con un jurado popular para el que estaban inscriptos casi 35 millones de argentinos. Ellos (en realidad nosotros) debían dictar sentencia sobre las gestiones de los gobiernos municipales, varios provinciales y sobre todo el nacional, y además de ello establecer en la sentencia que lugar le corresponde a cada uno de los involucrados.

Y el juicio ocurrió y el veredicto llegó. Ciertamente con algunas sorpresas en torno a lo que los “abogados especialistas”, periodistas especializados y entendidos en general preveían. Suele ocurrir esto también en cualquier juicio ordinario y en cualquier materia. O acaso, no es tema permanente en la sociedad argentina opinar intensamente sobre cada sentencia que determina la justicia, ordinaria, civil, penal o de cualquier otro fuero?. Todos nos sentimos en condiciones de afirmar que lo que resultó “Absuelto” debió tener grave condena. El que recibió 10 años de cumplimiento firme era acreedor de “perpetua” y el que recibió “perpetua” es un “perejil” que no tenía nada que ver.

Así somos permanentemente. Y en nuestras posturas casi no aceptamos observaciones siquiera.

El domingo pasado nos tocó cumplir con nuestro rol, pero activamente. Mucho más allá de someras opiniones para una red social. Fue el momento de fijar nuestra posición, expresarla y ponerle sello y firma.

En primer lugar el veredicto marcó claramente que -salvo en algunos niveles como en el municipio local- hay una enorme variedad de criterios y que, aún los que más suman, apenas si son un tercio de este jurado. Poco, verdad, tanto para condenar como para absolver en una cuestión tan pero tan importante?.

Si fuera en términos de derecho real, cualquiera de las posturas al ser tan minoritaria casi daría lugar al beneficio de la duda del reo y dictaría algo así como la nulidad del proceso o la realización de un nuevo debate.

No tiene nada que ver la democracia y sus reglas.

La pregunta pasa por ubicarse en la platea que utilizamos todos los días como meros observadores de la vida del país y en ese lugar decirnos: ¿Estamos de acuerdo con el fallo de este juicio?. O aún mas: ¿ Sin coincidir con el dictamen, aceptamos convencidos que han sido respetadas todas las normas del debido proceso?. ¿Cuántas cosas seríamos capaces de opinar del resultado final si lo hubiera resuelto un cuerpo de juristas sin pasar por tantos millones de “magistrados”?.

¿Estamos seguros, por ejemplo, que la gestión del gobierno nacional a punto de cumplir sus cuatro años, es acreedora del premio de una ratificación y una renovación del crédito?. Porque es claro que “ha lugar” sin dudar que la fuerza mas votada el domingo es la que gobierna desde el 10 de diciembre de 2019. Cualquier intento de su defensa de negar esta absoluta realidad debiera ser inmediatamente rechazada “in limine”. Un juicio establece el punto al que llegan los hechos. No los oculta y deforma para ajustar el fallo. Simplemente los juzga.

¿Es qué ante la obligatoriedad de premiar a alguien, el resto de los imputados aparecían como mas “culpables” de los hechos que quienes los decidieron y ejecutaron?. Aquí se abre lo que pareciera un terreno fértil para desandar. ¿Corresponde que sean pues-tos en un mismo nivel de análisis “el malo conocido” y el “bueno por conocer”?. ¿No debiera ser el primer paso a dar, siguiendo una regla elemental de sentido común, analizar a quien ha llevado adelante la cuestión en pugna?.

Lo primero es lo primero, dice una notable sentencia empírica. Y esa regla no debiera ignorarse bajo ningún argumento. Quien gobierna es quien pone en juego su gestión.

Aprueba o desaprueba.

De hecho podemos decir que hay jurisprudencia en la materia. ¿Cómo falló un jurado similar a éste en 2015? Antes que nada sometió a sentencia al espacio gobernante en ese momento. Y dictaminó que no merecía seguir gobernando.

Y luego decidió a quien ponía en su reemplazo.

¿Cómo actuó ese jurado en 2019?. De igual modo. Es altamente probable que si entonces hubiera procedido como ahora, el veredicto hubiera sido diametralmente diferente. Nunca hubo razones ni argumentos para condecorar a una presidencia de Alberto Fernández. No nos hagamos los sorprendidos ahora.

Solo el seguimiento de ese debido proceso hizo que al resolver primero si el gobierno de entonces merecía continuar, se decidió de pleno el castigo decidido.

Es aquí donde salta contundentemente a la vista que en este proceso no se siguió con las formas y reglas al menos de usos y costumbres. Los defensores esgrimieron que los que son no son. Que los que eran no eran. Al celebrarse los 40 años de la recuperada democracia, se llegó al milagro de una elección donde nadie era oficialismo. Aunque está demasiado claro quienes lo son y quienes lo representan. Y ese y ningún otro era el primer capítulo del entredicho. Y elementos para dudar que ese aspecto no haya sido estrictamente juzgado no parte de ninguna postura personal, ideológica o de cualquier otro carácter.

La contundencia de todos los parámetros que marcan la situación de la sociedad hablan por si solos. Indigencia, pobreza, inseguridad, narcotráfico, atención de la salud, jubilados, niños y lo que se mire muestra el claro resultado del accionar de los primeros que debieron escuchar el veredicto.

Todo indica que este orden no fue respetado.

Y que los más severamente investigados fueron, antes que nada, los posibles relevos. Los que estaban siendo postulantes al reemplazo. Y que tras ser pasados una y otra vez por la zaranda terminaron siendo condenados a no merecer reemplazar, llegando así a la absolución de responsabilidades de los que “son responsables” por lo que se supuso del otro.

Para poner blanco sobre negro: se condenó lo fáctico. Lo indemostrable que ocurriría (aunque nadie puede desconocer esa posibilidad), pero se absolvió lo tangible. Lo palpable. Lo que estaba ante si como cuerpo del delito.

No es caprichoso, a nuestro entender claro, analizar el camino recorrido para llegar a este fallo popular. No es, oponerse al dictamen arribado, sino al procedimiento que a todas luces imperó para llegar al mismo.

Así como nunca las virtudes o defectos de la víctima (sino inciden en el hecho enjuiciado) debieran lavar las culpas del culpable, tampoco debieran premiar a quien no lo mereció por ineptitudes propias como aquí se verifica.

Traduciendo ahora todo lo expresado, lo sintetizamos en dos preguntas que tienden a aclarar el pensamiento desarrollado: Según el criterio de la inmensa mayoría del pueblo, ¿Ha sido este gobierno nacional mejor que el que imperó entre 2011 y 2015?. Del mismo modo: ¿Ha sido mejor que el que gobernó entre 2015 y 2019? Para cualquier respuesta vale recordar: aquellos dos fueron condenados a dejar el cargo y dar lugar a otro. Este, hasta ahora, quedando aun “la apelación” del balotaje está siendo fallado en dirección absolutamente contraria a aquellos dos citados.

Y por cierto, desde esta postura, el presente fallo no nos deja satisfechos.

(Editorial publicada en la edición de TIEMPO de Ranchos del 27-10-2023)