Editorial: Un riesgo cierto y a la vista

La actual política económica que de por si merece y exige un preocupante seguimiento en todos sus aspectos tiene además la particularidad de demandar una especial y responsable atención de parte de los privados que conduzcan y administren empresas de servicios públicos.
Y es que a las evidentes complejidades actuales que significan la caída del valor de la moneda, las dificultades de importación y exportación, una inflación salida de cauce, una voracidad impositiva casi única en el mundo y hasta desabastecimiento y carencia de insumos que afectan a todas las actividades en general, cuando de servicios públicos se trata debe agregarse que el empresario ni siquiera dispone del derecho a fijar sus valores de venta.
Un sencillo ejemplo lo muestra la flamante empresa de colectivos que presta servicios entre Ranchos y Chascomús: el esforzado emprendedor debe invertir en las unidades cuyo valor naturalmente no fija; debe contratar personal cuyos salarios tampoco decide; debe cargar combustible cuyo precio no maneja y ya ahora ni siquiera puede garantizarse contar con ese combustible en los surtidores. Lo mismo puede decirse de las cubiertas, seguros, impuestos, alquileres y todo lo que conforma el costo operativo del emprendimiento. Pero además – y aquí reside el meollo de la cuestión – tampoco puede decidir el valor de su servicio con lo cual todas las reglas conocidas y que hacen al concepto de comercio resultan inexistentes y todo se convierte en una alocada aventura de indescifrable futuro. ¿Queda claro?. El mismo estado que le fija el valor del combustible, que decide el salario de sus empleados, que le impone su carga impositiva, las rutas a usar y los horarios a cumplir, es el mismo que también le dice cuanto debe cobrar su boleto.
El día que este sistema sea exitoso para un empresario “normal” los actuales funcionarios y ministros de gobierno dejaran sus sillones y pondrán empresas de colectivos. Mientras tanto como decía Yupanqui las penas son de estos privados, las vaquitas siguen siendo de otros.
Al margen del ejemplo del servicio de colectivos los rancheros no podemos obviar que la mayor empresa del distrito se rige por reglas y sistemas idénticos. La Cooperativa que brinda servicios de electricidad, telefonía e internet ya sabe lo que es vivir periodos de tarifas retrasadas que día a día van generando un déficit que no tarda en alcanzar dimen-siones insoportables. Algunos datos que pudieron recabarse de la ultima asamblea encendieron algunas luces de alarma que no dudamos también ocupan a su actual conducción y administración. Hay rubros entre las erogaciones que registran aumentos del orden del ochenta por ciento. La negociación paritaria del gremio terminara este año con aumentos salariales por encima del setenta por ciento y no hace falta explicar los aumentos generales operativos como mantenimiento de vehículos, seguros, reparación de unidades etc. Ante ello en el gobierno se anuncia un probable aumento de tarifas del orden del veinte por ciento que podría llegar al treinta en los meses que restan.
Resulta evidente que no son necesarios ni los Melconian, ni los De Pablo o el propio Guzmán para advertir el final de un ciclo prolongado con estas condiciones.
Conocemos la responsabilidad de la actual conducción y administración de la empresa. Aun así no podemos desli-garnos de nuestra responsabilidad periodística advirtiendo los riesgos inminentes que toda actividad que trabaja “a perdida” mas tarde o mas temprano termina por padecer.
La política tarifaria en los servicios públicos por parte del gobierno nacional son claramente políticas y tienen como meta principal las elecciones del año próximo. La Cooperativa de Electricidad de Ranchos debe saber que su objetivo y sus plazos nada tienen que ver con aquellos. Y por lo tanto ponerse a resguardo de esta emergencia garantizando una supervivencia que podría llegar a correr riesgos es una responsabilidad primaria de sus conductores pero que en modo alguno exime a otros artistas como los gremios, todos sus trabajadores, las autoridades políticas que son el poder concedente (municipio) y por ultimo a todos y cada uno de los socios que no somos meros espectadores de una realidad tan compleja como preocupante.

(Editorial publicada en la edición de TIEMPO de Ranchos del 01 de Julio de 2022)