En medio de un clima de inseguridad máxima ( la provincia de Buenos Aires decretó la emergencia en materia de seguridad hace ya unos meses) en todo el país, con mucha gente que muere diariamente víctima de asaltos, accidentes insólitos, discusiones y peleas por cuestiones nimias, etc. etc., y en el marco de un clima político que baja línea a la justicia ( a la que el gobierno luego responsabiliza de todo ) a condenar poco y a detener menos, legisladores oficialistas apoyan la decisión de una cámara de ordenarle al gobierno que abone a los presos que trabajan en las cárceles donde cumplen sus condenas, salarios mínimos de cuatro mil pesos mensuales, con todos los beneficios de aportes y obras sociales, salarios familiares, aguinaldos y vacaciones, toda vez que « al estar condenado son otros los derechos que se le conculcan, pero no los del trabajador».-
Cierto es que en boca de buenos explicadores, casi no hay nada que no pueda justificarse y esta no es la excepción. Bajo el fuerte argumento de la necesaria reinserción de aquellos que purgan una condena al ser reintegrados a la vida en libertad, cosa a la que hasta por defensa propia nadie rechaza, las voces oficialistas se han puesto al frente de la defensa de este extraño derecho ratificado a los condenados en cárceles, que bajo el sofisma de una razonable iniciativa deja ver todos los rasgos de privilegios que tiene y la desigualdad que implica, en medio de un gobierno que se jacta de trabajar por achicar la brecha de las diferencias y blande las banderas de la igualdad para toda la sociedad.
No es difícil saber que el arte de gobernar, no es dar respuestas a todos los problemas ni atender satisfactoriamente todas las necesidades de la población, no porque algo lo prohíba sino por la simple razón de la imposibilidad que tienen los gobernantes de llegar a todos en tiempo y forma. Por lo tanto gobernar, es fundamentalmente, saber establecer las prioridades para ir de acuerdo a las posibilidades que tiene reparando lo que está mal, dando derechos a quienes los merecen y solucionar la vida de sus gobernados, de acuerdo a esas primacías.
Y en la Argentina, mas allá de las mentirosas y ridículas cifras oficiales que brinda el Index y de la insólita decisión tomada por el gobierno de no medir la pobreza hace ya mas de un año, nadie ignora que el desempleo es por cierto muy elevado y mucho mas alto aún lo es si sumamos los trabajadores precarizados o en «ne-gro» que carecen de los beneficios de aportes, obras sociales, aguinaldos y en muchos casos vacaciones.
No estamos hablando aquí de procesados, encarcelados o deudores de la justicia. Todo lo contrario: hablamos de la gente mas honesta, trabajadora y decente de la sociedad, que por procesos de desindustrialización, cierres de fuentes de trabajo y/o por haber llegado a la vejez de mas de 40 años ya se les dificulta ser tomados por algún empleador. Esa amplia franja de argentinos, en el mejor de los casos, recibe alguna ayuda social que muy lejos está de cubrir sus necesidades básicas y naturalmente no tiene aportes, ni vacaciones ni aguinaldos, ni presente, ni futuro ni nada.
Volviendo al concepto anterior de lo que establece el manual básico de cualquier gobernante: adjudicar prioridades. ¿A quién se le puede ocurrir que al momento de atender recomposición de derechos laborales de los que carece el sesenta por ciento de la población del país, esa prioridad pase por los que han cometido uno, dos, tres o diez delitos y están en una cárcel, a-dónde apenas si llegan 3 de cada 100 delincuentes ?.
No se trata de discutir si en el marco de un amplio criterio de derechos y de políticas carcelarias, ese salario que se pretende obligar a pagar y esas condiciones carecen de lógica. La discusión es si esa lógica indica que hay que hacerlo con los delincuentes en desmedro de los honestos. De quienes aún llenos de angustias y peripecias, no optan por robarle al otro para subsistir, ni estafarlo y mucho menos asesinarlo.
Desde el mas mínimo sentido común: entre diez honestos desocupados, en muchos casos jefes de familia deprimidos porque ya no pueden ni siquiera ejercer esa jefatura, porque nadie siente que puede ordenar, educar y guiar a su familia si no puede poner en la mesa de sus hijos un plato de comida y diez condenados por homicidio, violación, robos reiterados a mano armada ( por menos de eso nadie está preso en la argentina), es bueno saber quien o quienes son los que entienden que deben hacerlo con los que están purgando una condena, mientras pasan a ser condenados los que no cometieron otro delito que el de ser honestos.
Esta es la pregunta. ¿ Quienes son son los que sostienen esta prioridad ?.-
Es hora que la sociedad deje de ser bombardeada por tanto papel manchado y tanta pantalla ardiente de temas, nombres y casos en los que no aparecen jamás ni los jueces que liberan a los presos que pueden comprar un certificado de buena conducta; a los fiscales que no caratulan las causas con la gravedad que les indica la ley ni trabajan para que los que delinquen vayan presos, ni los que deben controlar que se cumplan condenas que nadie cumple.
Hay que hacer que la sociedad se llene de creídos opinadores que hasta en los pueblos, por mera posición partidaria, levantan la voz creyendo que los males de la sociedad parten del intendente fulano o el concejal mengano. Y que son ellos los responsables de los gran-des males de la sociedad argentina de hoy.
Pero cuando se les pregunta el apellido del juez que dejó libre al violador de su familiar en muchos casos no lo sabe ni lo recuerda. Y hasta llega a decir que eso mucho no le importa.
Solo las sociedades que saben de sus verdaderos problemas, de sus causas y de quienes son los responsables de generárselos o no solucionárselos pueden cambiar esa realidad empezando por cambiar a los culpables.
Sería bueno que cada desocupado de la argentina actual, cada persona honesta que en el mejor de los casos recibe un paliativo de un plan social, hoy averigüe claramente y sin ninguna segunda intención quienes decidieron y defienden a viva voz haberle otorgado la prioridad de todos los derechos laborales a los que le deben al resto de la sociedad el cumplimiento de una condena.
Y ha dejado para otra oportunidad (en muchos casos para nunca) reivindicar esos mismos derechos en favor de los que están libres de cárceles, pero presos a cadena perpetua de sus padecimientos y discriminaciones.-
Sería bueno que lo supieran. Sería bueno que se decidan a ejercer el único derecho que aún no le pueden quitar: el de tratar de sacarlos de sus funciones a través del voto. Hoy a los que les toca y cada vez que puedan con quienes sigan haciendo lo mismo. Para que a fuerza de echarlos de sus cargos y cambiarlos por otros, algún día lleguen gobernantes que al menos tengan una pizca de sentido común.
Y que a igual situación, entre un honesto probado de siempre y un delincuente, al menos le marque a este último que debe ir al fondo de la cola. Que el honesto al menos, merece ser el primer en ser reparado.
En definitiva: para que algunas vez se deje de condenar por el delito de ser honesto.
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