Este medio le dio amplia cobertura en su pasada edici\u00f3n al fallo de la C\u00e1mara Penal de Apelaciones de La Plata a una decisi\u00f3n que hab\u00eda tomado el juzgado de Paz letrado de General Paz aplicando una herramienta proveniente de un r\u00e9gimen militar (el decreto ley 8031) y que si bien es cierto es poco aplicada y hasta casi descartada en muchas jurisdicciones, en otras, especialmente en General Paz, pareciera ser la \u00abbiblia\u00bb de la religi\u00f3n jur\u00eddica del titular del juzgado que, no por nada, tambi\u00e9n ejerce ese importante cargo puesto en funciones por la \u00faltima dictadura militar sin que la democracia siquiera se ponga colorada por ninguno de los dos graves aspectos ya se\u00f1alados.
\nEn este caso, los jueces Alejandro Villordo y Carlos A. Silva Acevedo, han descripto con claridad meridiana la incompatibilidad manifiesta con el derecho b\u00e1sico a la defensa de cualquier ciudadano y las falencias de imparcialidad y debido proceso que generalmente provoca el decreto ley 8031 en muchos de sus aspectos. Es v\u00e1lido decir que, antes de este episodio al que hacemos referencia, hubo fallos similares de tribunales de alzada que hasta con conceptos comparables declararon las nulidades y se\u00f1alaron las graves falencias de este instrumento contravencional.
\nPudiera parecer que lo descripto apunta di-rectamente a la actuaci\u00f3n del juez contravencional que aplica esta 8031. Y es sincero decir que responsabilidad no le falta en la decisi\u00f3n de adoptar esta herramienta y hasta cumplirla a rajatabla a\u00fan desconociendo perjuicios evidentes que tales decisiones implican en perjuicio de los ciudadanos.
\nLa pr\u00e1ctica de ordenar la detenci\u00f3n de personas para el mero formalismo de tomarles declaraci\u00f3n 48 horas mas tarde no tiene parangones ni con los casos de delitos muchos mas graves encuadrados en el C\u00f3digo penal. La casi nula defensa que tiene el \u00abapuntado\u00bb que solo cuenta con la declaraci\u00f3n que le toman en la comisar\u00eda, que es quien instruye el sumario, provee las pruebas a criterio del mismo juez, que en muchos casos (como bien lo se\u00f1alan los jueces citados anteriormente) es a la vez el denunciante y el que finalmente dicta la sentencia sobre lo que el mismo denunci\u00f3.
\nCuesta, a los ojos de cualquier desprevenido admitir tama\u00f1a arbitrariedad y falta de garant\u00edas ciudadanas. Solo libradas al buen criterio de jueces criteriosos que hasta se atreven a decir que esta es una herramienta casi abolida por el sentido com\u00fan.
\nPero, y aqu\u00ed viene el eje editorial: en realidad quienes tienen la facultad y en este caso una evidente obligaci\u00f3n de anular en toda su expresi\u00f3n este c\u00f3digo no lo han hecho en 33 a\u00f1os de democracia y lo peor: cuando alguien intenta bucear en los \u00e1mbitos parlamentarios se muestran como desconocedores de la cuesti\u00f3n y hasta alg\u00fan legislador nos ha respondido que \u00abese decreto no se aplica hace mucho en ning\u00fan lado\u00bb.-
\nLo cierto, es que en General Paz mucha gente ha estado y seguir\u00e1 estando d\u00edas presos en calabozos, en algunos casos compartiendo con detenidos acusados de violaciones, por la aplicaci\u00f3n de una norma en la que ni siquiera supo de que se lo acusaba a la hora de ejercer lo que se supone es su defensa.
\nDice textualmente el fallo de la C\u00e1mara en el caso de marras: \u00abViolaci\u00f3n de la garant\u00eda de imparcialidad y el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Ante la ausencia del Ministerio P\u00fablico Fiscal como \u00f3rgano en-cargado de la persecuci\u00f3n, es el juez interviniente quien dirige jur\u00eddicamente la recolecci\u00f3n de pruebas (instrucci\u00f3n) y luego dicta sentencia (Arts. 106,108,110,112 del decreto ley 8031).- Ello importa lisa y llanamente una franca violaci\u00f3n a la garant\u00eda de imparcialidad y al derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.
\nEn este contexto -agrega el fallo- la imparcialidad del juzgador (se refiere al juez de Paz) puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de \u00e9ste frente al caso que debe decidir, tanto en relaci\u00f3n a las partes como a la materia (….) Por ello cada acto del procedimiento donde las funciones de acusar y de juzgar se ven confundidas lesiona seriamente la garant\u00eda de imparcialidad y con ello el modelo constitucional.\u00bb
\nEl fallo en sus considerandos dice mucho mas. \u00bfPero hace falta abundar en mayores razones para plantearse seriamente por que sigue vigente este decreto ley f\u00e1ctico y por qu\u00e9 se lo sigue aplicando?
\nLa democracia tiene en las autoridades lo-cales, en las que son los vecinos de los vecinos su gran cimiento. Cierto es que no es facultad de concejales o intendentes derogar o aprobar leyes.
\nPero que nadie dude, que ante la distracci\u00f3n culposa que los legisladores vienen mostrando en esta materia, no les falta responsabilidad a concejales e intendentes de toda la provincia que en estos 33 a\u00f1os poco y nada hicieron para plantarse ante los legisladores y exigirles en nombre de los mas b\u00e1sicos derechos ciudadanos de cada uno de sus pueblos que de una vez por todas se derogue este mamarracho jur\u00eddico que en complicidad con quienes lo aplican sin medir consecuencias, han hecho ya demasiado da\u00f1o.<\/p>\n
(Editorial publicada en TIEMPO de Ranchos el s\u00e1bado 17 de setimbre de 2016)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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