La dirigencia sindical docente llevará a cabo esta semana la decisión tomada mucho antes de que se iniciara la discusión anual del aumento de salarios.
Es que en verdad no se trata esta vez de un paro por una puja legítima sobre los sueldos de los maestros sino que estamos ante una medida de neto corte político partidario que no para los maestros pero sí para los caciques sindicales es una prioridad al servicio del comienzo de la campaña electoral.
Como siempre, la puja llega la última semana previa a la iniciación de las clases porque esa es el arma que emplea el gremialismo para presionar sobre el Gobierno.
Esta vez el justificativo formal es el no llamado a paritaria por el Gobierno Nacional.
El argumento es falso, porque todos saben que la prestación educativa fue transferida a las Provincias por el Presidente Menem en tiempos en que todos los que hoy patalean eran fervientes menemistas.
Puedo dar fe porque me tocó fundamentar el rechazo de la medida en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en una presentación que no contó con la adhesión de los legisladores peronistas que votaron en contra con las dos manos.
Lo cierto es que otra vez los chicos serán los rehenes de esta maniobra político partidaria que nada tiene que ver con la Educación y es apenas una piedra más en el zapato de un intento serio de recuperar la desolación heredada.
Tradicionalmente los días de huelga son inicialmente descontados de los sueldos de los maestros que no van a las escuelas pero luego forman parte de la negociación que sigue y así se recuperan los días caídos.
En nuestra Provincia, al menos, la Gobernadora María Eugenia Vidal parece haber venido a cambiar en nombre de “Cambiemos”.
No pudo evitar la huelga, pero nadie podrá evitar que el descuento a los maestros que no concurran a sus lugares de trabajo se refleje en sus sueldos.
Generalmente algún juez de primera instancia determinaba la devolución de los días perdidos, pero esta vez la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ha dispuesto lo contrario.
En un caso referido a empleados de la Justicia dijo, dando validez al amparo que se hace extensivo a este caso de los maestros, que “la Suprema Corte tiene el deber de garantizar un adecuado servicio de justicia, y en ese entendimiento ante la falta de prestación efectiva del débito laboral, que surge de la relación de empleo público que vinculan a los agentes con el estado provincial (poder judicial), es que procede a practicar el descuento de haberes como consecuencia de la ausencia de prestación laboral efectiva. En modo alguno el obrar, va dirigido a comprometer el ejercicio del derecho de huelga contemplado en el artículo 14 bis de la Const. Nacional. En concreto, ha sido de público y notorio, que desde que se hubo incoado la presente acción, se hubieron promovido diversas medidas de fuerza, las que no han sido, en modo alguno, obstaculizadas, o bien conjuradas por la resolución en ciernes.
Lo contrario implicaría abonar salarios por tareas no prestadas, extremos expresamente prohibidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que ―…en la relación de empleo público no corresponde abonar salarios por trabajos no realizados», o sea «cuando no existe una efectiva prestación de servicios» (Fallos 312:1382; 313:62, 473; 319:2507 y sus citas)”.Expediente n° 19654 E (Causa n° 5079 M).
Esta información novedosa sorprenderá a los maestros a fin de mes cuando cobren sus haberes.
No lo sorprenderá al Jefe Roberto Baradel porque como tiene licencia gremial a él no le llegan los descuentos.
Notable beneficio de este ex ayudante de mantenimiento luego ascendido a preceptor en una escuela De Lanús en los tres años que fue toda su carrera docente que lo habilita para determinar que millones de alumnos bonaerenses no tengan clases.
No digan los maestros que no fueron avisados.
Colaboración: Dr. Gustavo López