Por Héctor Ricardo Olivera
La declinación del servicio educativo en la Provincia de Buenos Aires se alimenta por dos vías.
Una, la precariedad técnica de los docentes que por supuesto con claras excepciones individuales se hace notar en sus actitudes, sus comportamientos estilo “barra brava”, su vocabulario y su partidismo fanatizado.
La otra es más fácil de definir porque está sostenida en el razonamiento elemental de que no puede ser buena la Educación si las escuelas están cerradas.
El primer tema deberá ser abordado por especialistas que reformen el sistema de formación de los docentes para que estén en condiciones de enseñar al menos lo elemental y a partir de allí cada día un poco más.
Hoy la Universidad de Buenos Aires, (UBA), ha tenido que incorporar a su Ciclo Básico programas de lectura e interpretación de textos para sus aspirantes al ingreso.
Estos chicos, que ya no lo son tanto, pasaron por 3 años del ciclo preescolar, 6 en la primaria y 6 en la secundaria, razón que pone en evidencia el nivel de deterioro del sistema.
Se puede agregar que la mitad de los alumnos del secundario no termina el ciclo y de los que quedan apenas la mitad lee e interpretan y son capaces de realizar ejercicios matemáticos de mediana complejidad.
Frente a esto es hora de cambiar.
Cambiar significa recuperar el orden, el sentido de la responsabilidad y la idea básica de que la Educación es siempre una relación asimétrica donde hay un maestro que enseña y un alumno que aprende.
El Art. 14° de la Constitución Nacional asegura el derecho de “enseñar y aprender”.
Hoy la fórmula debería presentarse al revés, porque aprender identifica en el giro verbal al destinatario primero de la idea, los alumnos, en tanto enseñar pita el rol de los docentes que encuentran la justificación de su existencia en la presencia de aquellos.
Puede parecer una aclaración innecesaria pero en verdad no lo es si lo que se busca es poner en orden el sentido real de la Educación.
Hasta hoy los alumnos de la Provincia han perdido por huelgas 21 días de clase y hay que sumar los ya anunciados para esta semana.
Hay una relación patológica entre sindicatos y Gobierno que posiblemente demore mucho más que lo imaginable porque además de alguna justicia en el reclamo salarial el conflicto se alimenta de claras connotaciones político partidarias que seguramente se agudizarán ante el comienzo del año electoral.
Por eso es que además de intentar seguir con este diálogo de sordos es necesario aplicar algunos cambios que marquen un camino inflexible de reparación.
Es fácilmente comprobable que los días de huelga no son los únicos que les roban a los alumnos.
En función de ello, habrá que determinar una nueva modalidad de perfeccionamiento docente que quita jornadas sin evidencias de rendimiento alguno, así como habrá que reformar el sentido de los actos patrióticos que roban días enteros de ensayos y limitarse a una referencia breve a cardo de un docente antes del ingreso a clase y luego derecho a las aulas.
El descontrol ha llegado a tanto que el Día del Estudiante, el viernes pasado, no hubo clases, pero tampoco las hubo el día anterior porque se hizo el tradicional pic nic.
De estos casos está lleno el almanaque además de las ausencias, las licencias y toda forma de lucha “nacional y popular”.
En este sentido el Diputado provincial de “Cambiemos” Guillermo Castello, (Mar del Plata), acaba de presentar un proyecto de ley declarando a la Educación servicio público esencial.
Esto significa que no se podrán cerrar los comedores escolares, que se deberá cumplir con el total de los días de clase anuales y se deberá mantener una guardia que permita a los padres dejar a sus hijos en la escuela durante la jornada escolar.
Las Constituciones Nacional y Provincial amparan la medida y el legislador detalla minuciosamente los aspectos legales que respaldan su proyecto.
Además cita en el marco del Derecho comparado lo que ocurre en países como Perú, Chile, Italia, Alemania y varios más.
En Ecuador, el País que desinfectó su Capital Quito, sacando una estatua de Kirchner, el ex Presidente Correa, enrolado en el “progresismo” modificó la Constitución Nacional e incluyó a la Educación como un servicio público esencial, (Art ° 326).
Acá debería eliminarse el Art. 18° de la Ley 13.552 de paritarias docentes que establece que la Provincia jamás declarará a la Educación servicio público esencial.
Esta Ley se dictó durante la gobernación de Felipe Solá, ese que hoy parece un gaucho rebelde y enojado pero cuando debió actuar fue apenas un caniche toyl.
Más allá de los fundamentos legales que, como siempre, muestran dos bibliotecas contrapuestas, lo que aquí corresponde es una decisión política.
Y es ésta, la Política, la única herramienta con que cuenta la Democracia para hacer lo que se debe.
Una vez más esta columna dice que la Argentina será lo que hoy son sus aulas.
Solo resta esperar que Diputados y Senadores de la Provincia comprendan su responsabilidad republicana.