Por Héctor Ricardo Olivera
El veto presidencial a la Ley que intentó retrotraer las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado fue un trámite administrativo al que no le caben objeciones legales.
El poder de veto es un atributo que la Constitución otorga al Presidente y además hay sobrada jurisprudencia que establece que la fijación de las tarifas no es competencia del Poder Legislativo.
Lo que queda para analizar es la situación política surgida a partir de la medida.
Lo primero a destacar es que la aprobación en ambas Cámaras fue posible por la asociación de sectores peronistas supuestamente diferenciados.
El kirchneerismo, los de Massa y los que han dado en llamarse el Peronismo racional se juntaron para provocar un contratiempo en la decisión oficialista de recuperar el atraso producto de la demagogia de la docena de años que regaló luz, gas y agua, sobre todo a los habitantes de la Capital y el conurbano.
Sabido es que el gobierno “nacional y popular” le regaló la electricidad y el gas a los ricos que la usaron para climatizar las piletas de los countries y para pagar por mes en un departamento de Recoleta menos que lo que cuesta un café o una pizza.
Inexplicablemente los legisladores del interior, que pagaron siempre mucho más por esos servicios se humillaron ante el poder de su Jefa y aceptaron someter a sus representados a la misma injusticia de siempre.
La actitud sirve para tener presente que el Peronismo es como los tiburones.
Si huelen sangre, (en este caso la ilusión de la vuelta al poder), se junta sin ponerse colorados.
Fue realmente una tremenda irresponsabilidad que los Diputados y Senadores de toda la oposición votaran una ley demagógica que significaba una merma de 170.000 millones de pesos en las cuentas públicas sin decir de dónde se los recuperaría.
La idea no es gobernar, tarea que también es responsabilidad de la oposición, sino no dejar gobernar para obstruir el camino elegido sin acercar ninguna propuesta seria que pueda servir a modo de colaboración.
Queda entonces para el Gobierno la ardua tarea de entender que un llamamiento es necesario pero también lo es definir quienes pueden y quienes no ser parte de esa convocatoria.
Los que claramente juegan a la destitución no pueden tener una silla en la mesa del eventual acuerdo.
Por el contrario, deben ser separados y señalados, para que nadie se confunda.
El duro camino elegido no es un gusto personal, sino la necesidad de restaurar el equilibrio fiscal que nos saque del fondo del pozo.
El Gobierno hace bien en mantener los planes sociales y aumentar sus partidas como lo ha hecho.
Pero no puede caer en la inocentada de pagar subsidios a los que trabajan de promotores y organizadores de las protestas callejeras.
Hace falta un severo esquema de control que ponga los recursos del Estado allí donde efectivamente hacen falta.
Hay que diferenciar al que realmente necesita del que organiza la protesta para usarla como escudo porque sabe que tarde o temprano la Justicia lo va a meter preso.
Por el lado del Gobierno también hay que revisar algunos métodos.
En medio de la tensión es un grueso error anunciar ayer que no aumenta la nafta y sorprender hoy diciendo que sí aumenta.
Cuando se habla para la gente no se puede decir la “auhache”, (AUH), sino que hay que decir “asignación universal por hijo” para que todos sepan de que se trata.
A veces parece que a algunos funcionarios les falta calle, mostrador, pelota de trapo y carrito de bolilleros.
Vienen tiempos de agudización de la protesta.
Las dificultades son obvias pero igualmente obvias son las razones de este estado de cosas.
La ex Presidenta puede seguir exhibiendo su histrionismo en el Senado y los actores llenando sus ojos desde un escenario ajeno porque no pueden llenar los teatros.
Lo que no puede seguir es el intento de repetir la historia que nos enseña que desde 1928 un gobierno no peronista no terminó su mandato.
Es ya tiempo que el peronismo, en sus numerosas versiones, se acostumbre a vivir según lo disponga la voluntad popular. No se les puede pedir que aporten alguna idea, pero al menos se les debe exigir la aceptación de las normas de la Democracia.
No es la Patria la que está en peligro.
Son los corruptos los que sí lo están.