Nota publicada en TIEMPO DE RANCHOS del 12-05-2018
El senado bonaerense aprobó este jueves un proyecto enviado por la gobernadora que bajo la declarada intención de bajar los costos de las tarifas de servicios públicos en medio de los aumentos que afectan a las mismas, esconde otras cuestiones, mucho mas serias y profundas que merecen este alerta que hoy emitimos.
Es que en la sesión se aprobaron las modificaciones del artículo 75 de la ley 11.769 reeferente a la quita del 6% de la factura de luz y el artículo 57 de la ley 13.404 que establece «la contribución» que abonan por mes los prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas a los municipios my que representa una quita en la
factura del 4 %. El proyecto fue votado con la mayoría automática que en el senado provincial tiene Cambiemos, mientras que no acompañaron UC – FpV – PJ y FR.
Lo cierto es que mientras en Diputados de la Nación, legisladores e intendentes de estas fuerzas polìticas de diversos sectores del peronismo respaldaron la aprobación de uan reducción de las tarifas en la provincia se resisten a la quita que en esta sanción afecta deforma casi insostenible las economías de los municipios.
En el caso del 6 % sobre el consumo que paga al municipio la Cooperativa de Electricidad , mas el cobro que hace la cooperativa (no de forma compulsiva) de la tasa de servicios municipales le significió al muncipio en 2017 la suma de $ 6.900.000, mientras que el 4 % por derechos del uso de espacios municipales arrojó un ingfreso de alrededor de $ 170.000 mensuales.
Para mencionar valores mas actualizados, el último liquidado,
que la investigación de TIEMPO pudo conocer fue la de la Cooperativa por el mes de marzo de 2018 y que ascendió a 350.000.
Este medio consultó a un intendente de un distrito vecino de Cambiemos que hace pocos días habló directamente con la gobernadora y según su versión «hay un acuerdo para que esta ley no pase en Diputados, donde Cambiemos no tiene mayoría propia».- El mismo mandatario en absoluto «off» nos agregó: «Algo de esto deberá pasar, porque si no nos matan a todos los municipios. Además no puede la gobernadora, pretender quedar bien con los dineros de los intendentes….» agregó.-
Si a esto se agrega que la Cooperativa de Electricidad de Ranchos, analiza seriamente la posibilidad de intentar romper un acuerdo que mantiene con el municipio con jerarquía de Ordenanza (la 23/95) por el cual incluyen en sus boletas el cobro de la tasa de servicios municipales, la comuna local podría llegar a sufrir un desfinanciamiento de alcances inimaginables.-
Lo que llama poderosamente la atención es que el proyecto enviado por la gobernadora y aprobado por el senado no elimina los derechos que perciben los municipios por el uso de espacios por parte de las empresas prestadoras de Electricidad, agua y
cloacas. Los modifica y los reduce al 0,01 % del consumo
de cada usuario. Ese índice es directamente nada, pero tiene su razón de ser.
«Si fueran eliminados esos derechos de la ley que en sus
fundamentos dice claramente «cobrar compulsivamente» esos porcentajes, los municipios estarían en condiciones de cobrarle a esas empresas por su propios medios una tasa que hasta podría ser de montos superiores. Pero queda clara la intención del gobierno provincial de mantener este 0.01 de modo que los municipios no
podrán cobrar por otra vía porque sería doble imposición. Un verdadero golpe a las arcas de todos los municipios de la provincia.
Un poco de historia
La ley 10.740 y el articulado que establece el cobro del uso de los espacios en un 6 % del consumo de cada usuario, surgió hace décadas por un reclamo de las propias prestadoras que denunciaban que algunos municipios les cobraban sumas muy abultadas por ese
concepto y que las mismas encarecían el servicio a los clientes y además de manera muy diferente entre un distrito y otro. Así se llegó a un acuerdo tras largas negociaciones para aprobar por ley la «contribución» de un 6 % de cada consumo básico que va directamente a las arcas de cada municipio.
Otro tanto ocurrió en el ámbito local cuando el municipio llegó a deberle sumas muy importantes por el servicio de Alumbrado Público y algunas obras a la cooperativa. Surgió así con el amparo de la ley 10.740 que lo faculta a «cobrar compulsivamente» la Ordenanza 23/ 95 que fue largamente debatida y acordada unánimemente aquí, según la cual la Cooperativa cobra «optativamente» y no compulsivamente la tasa municipal, lo que le permite percibir una comisión por ello y acreditarse directamente
el pago del alumbrado público. Este sistema funcionó perfectamente a tal punto que desde entonces el mayor consumidor de luz en el distrito que es el municipio desde entonces está al día con el pago del servicio. La idea de romper unilateralmente este acuerdo está siendo conversado por algunos integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa con el impulso de algún concejal de Cambiemos, erigido poco menos que en el
cerebro de las políticas de la entidad. Se abren interrogantes
serios sobre la facultad que tiene la cooperativa de reformar este acuerdo pero también la preocupación de volver a viejos esquemas donde la cooperativa padecía para cobrar el alumbrado público.
Vale destacar – como ya informara ampliamente este medio – que hoy la empresa de Electricidad sufre una deuda de casi once millones de pesos que en lugar de reducirse se agranda cada
mes. De esa suma, el mayor deudor es la propia provincia
por el servicio de sus edificios públicos, entre ellas
sus escuelas y que ya supera largamente el millón de
pesos.
A este medio, dialogar con la conducción cooperativa sobre estos temas, de absoluta prioridad en la agenda de la ciudadanía y que están marcando la de la provincia ha resultado absolutamente imposible, toda vez que sus autoridades reiteran ante nuestros llamados que no darán entrevista alguna a los medios.
La cuestión recién se plantea y sin dudas que con el correr de los días se conocerá su desenlace. «Con este ingreso el municipio sostiene las guardias del hospital Campomar. ¿Tendremos que retroceder a muchos años atrás en materia de atención de la salud o cerrar la secretaría de Desarrollo Social?» se preguntó un funcionario que conoce muy bien al intendente Alvarez.